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El volumen de pisos sociales construidos en España es el más bajo desde la década de los años 50

En 2017 se entregaron menos de 5.000 pisos, pese a que hay más de 400.000 solicitantes de casas protegidas

Noticia del sector

El pasado año se entregaron 4.938 pisos sociales en toda España en 2017, según el Ministerio de Fomento, lo que supone un 9,2% de todas las viviendas terminadas. Según un estudio sobre el parque de vivienda pública elaborado por la economista y ex secretaria de Vivienda de Cataluña, Carme Trilla, y el arquitecto para la Fundación Alternativas y Fundipax, Jordi Bosch, el volumen de pisos construidos es el más bajo desde la década de los años 50, mientras que hay más de 400.000 solicitantes de casas protegidas.

Desde el estallido de la crisis en 2008, cuando se construyeron 68.587 pisos sociales, las entregas de VPO han caído el 93%. El desplome es especialmente acusado a partir de 2012, hasta llegar a los 4.938 pisos del año pasado, la cifra más baja desde 1991.

De acuerdo con la Federación Europea de Vivienda Pública, Social y Cooperativa, en España los pisos sociales en alquiler constituyen solo el 2,5% del parque de vivienda, cuando esa proporción es del 30% en Holanda, del 20% en Dinamarca o del 17,6% en Reino Unido.

Según Trilla, la escasez de vivienda protegida se debe a la falta de presupuesto de los últimos años y a que gran parte de las viviendas pasan al mercado libre al cabo de un tiempo: “Las descalificaciones impiden tener un parque estable y que haya rotación en función de las necesidades de los ciudadanos”.

En palabras de Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal inmobiliaria APCE: “No se han dado las circunstancias para hacer pisos sociales de compraventa, porque se retiraron todas las ayudas para promotores y compradores, y el mercado de alquiler ha resultado complejísimo, porque no ha habido ni subvenciones ni préstamos bancarios”.

En este contexto, y tras varios años sin ayudas para la VPO, los Presupuestos para el año que viene incluyen una partida de 350 millones que servirán para financiar pisos sociales de alquiler, una cantidad que los promotores consideran insuficiente, puesto que deberá repartirse entre todas las Comunidades.

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